El oro, la plata y el cobre que moran bajo superficie en el valle de los sanjuaneros deberían quedar allí todo el tiempo si una medición científica y desligada de las partes interesadas, que incluye a la constituida por radicales conservacionistas, arriba a la conclusión de que el proyecto de extracción que tiene en carpeta la firma canadiense Gold Quest ocasionaría daños considerables a recursos naturales de importancia para la producción agrícola.
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Aunque se basaría en operaciones bajo suelo descritas como «amigables» por los interesados, desde otro litoral se vaticina un desastre para las reservas de aguas subterráneas y el equilibrio ecológico. De ahí la trascendencia de que una gestión neutral, ética y competente, subordinada al Estado, estudie en todos sus aspectos y antecedentes en otros países las tecnologías que se propondría aplicar la compañía minera que tiene los ojos puestos sobre cinco millones de onzas de oro, además de otros cotizados metales.
Un aprovechamiento a ser distribuido mediante la generación de empleos a obreros y técnicos dominicanos, coparticipación accionaria con el Estado, pago de impuestos y derivación de una parte de las utilidades hacia obras sociales en comunidades circunvecinas. Justamente, la minería en muchos lugares del mundo funciona con métodos de bajo impacto a la corteza terrestre, la atmósfera y caudales hídricos. ¡Otras no! Saber por anticipado lo que ocurriría en San Juan no debe demorarse.
Editorial Hoy
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