Tras el paso del huracán Fiona por la región Este, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 537-22 del 19 de septiembre, mediante el cual declara de emergencia las compras y contrataciones en las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata y diez días después, emite el decreto 555-22, que agrega al estado de emergencia nuevas provincias donde el fenómeno no causó estragos como Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Un mes después de emitirse el primer decreto el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED) publicó la convocatoria para el proceso de excepción por emergencia nacional, para el “mejoramiento de hábitat para viviendas reconstruidas por el paso del huracán Fiona”, por un monto de 2 mil 434 millones 507 mil 601 pesos con 4 centavos, con el propósito de “suministrar y colocar de hormigón asfáltico caliente”, una función que la ley que crea la institución no contempla entre sus atribuciones.
La construcción y reparación de calles no es una función que corresponde a este ministerio, señalan expertos en el tema, mientras autoridades d la institución defienden la medida.
“El Ministerio de Obras públicas está facultado para eso. Los considerandos de la Ley 161 que crea el Ministerio de la Vivienda, no lo faculta para construir calles, porque entonces sería una dualidad de otra institución, señala Cristian Rojas, presidente de Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
Sin embargo, Ernesto Mejía, viceministro del MIVED entiende que “Si nos vamos al artículo tres de la misma ley, el Ministerio tiene como objetivo garantizar el acceso a la vivienda y hábitat digno. Entonces, cuando vamos a la definición de hábitat digno, se habla de las infraestructuras, servicios y los elementos que componen su entorno”.
Sostiene que en eta coyuntura la estructura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no da abasto para cumplir con el proceso de asfaltado que deben implementarse tras las lluvias de Fiona.
“Ahora mismo, por ejemplo, en esto que acaba de ocurrir, por lo cual nosotros intervenimos mediante el proceso de emergencia. Ese es un caso muy puntual donde el país está en un estado donde Obras Públicas no es suficiente, no tiene la capacidad suficiente para cubrir su programación habitual”, indica.
Dentro de esta licitación hay muchas observaciones que se pueden hacer como por ejemplo que son 12 lotes sin especificar las ubicaciones exactas, solo las provincias La Romana, Santo Domingo e Higüey, contrario a las realizadas por Obras Publicas, que sí indican con precisión el objeto, la ubicación y las coordenadas. La justificación que da el MIVED es que esa institución hace licitaciones atendiendo problemáticas puntuales y preestablecidas, mientras en este caso trabajan por estado de emergencia.
Se entiende que esas zonas para los trabajos no fueron elegidas al azar. Suponemos que previamente debían tener reportes detallados de las necesidades de los sectores identificados y evaluados para realizar una licitación de emergencia.
En el presupuesto genérico presentado por el Ministerio de la Vivienda para la construcción y rehabilitación de caminos y accesos, se establece la misma longitud en cada uno de los 12 lotes, de 5 mil metros con un ancho promedio de 6 metros, como la remoción de dos mil metros cuadrados de aceras, mil metros lineales de contenes, mil metros cuadrados de aceras, etcétera. Las mismas cantidades para los 12 lotes como si tuvieran las mismas necesidades. Por supuesto, como tienen las mismas cantidades, tienen el mismo tope de 202 millones 875 mil 633 pesos con 42 centavos cada uno.
El aquitecto Hipólito Gómez, puntualiza que es muy difícil que dos presupuestos, dos personas o dos profesionales que hagan un presupuesto le de cantidades exactas.
“Aunque los proyectos sean en el mismo lugar, siempre hay un pequeño, una pequeña variante, ya sea en mano de obra, ya sea en la contratación de los equipos o en lo que sea.”, resalta
El 11 de noviembre fueron adjudicados los 12 lotes con una masiva participación de 23 empresas oferentes. Entre las empresas ganadoras hay muchas conocidas en el sector y como bien establece el pliego podría participar en 5 lotes y ganar no más de tres lotes. De hecho la única que ganó tres lotes fue Esconsa, empresa de larga data, creada en 1983, cuyo titular es José Enrique Fortuna Quiñones, que es una persona relacionada al ministerio ya que desde el primero de agosto de 2021 al primero de febrero de 2022 fue asesor consultor de la Dirección de Proyectos de la División de Compras y Contrataciones, con un sueldo de 237 mil pesos.
Curiosamente todas las empresas ganadoras, presupuestaron precios muy similares. Por ejemplo todas fueron 182 millones 588 mil pesos. Lo que varía en una o dos ofertas, fueron los pesos y los centavos. Tal es el caso de Equipos y construcciones del Cibao, perdió al ofertar 182 millones 588 mil 70 pesos con 13 centavos mientras la ganadora, la constructora Fixssa presentó 182 millones 588 mil 70 pesos con 8 centavos, tan solo cuatro centavos más económica.
Algo similar ocurrió con CONSER que quedó en tercer lugar al presentar una oferta apenas 200 pesos más alta que la empresa ganadora, Antillean Construction Corporation, la ganadora.
Pero todavía llama más la atención que varias empresas tuvieron exactamente el mismo precio en pesos y centavos. Como por ejemplo Esconsa, Antillean Construction Corporation y Constructora MacDougall que presentaron 182 millones 588 mil 70 pesos con 8 centavos cada uno.
Lo que hace entender que hubo algún tipo de comunicación, pudiendo ser una colusión de empresas.
Eso está establecido en la ley, la colusión, y es probable que para perjudicar a la institución. Pero es posible que haya sucedido eso, porque en esa licitación solamente participan 24 empresas”, pondera Rojas.
Por su parte, Mejía niega que haya colusión y entiende que lo que ocurrió fue algo mucho más simple.
“Las casualidades no se deben más que casualidades, no lo he visto. No sé a qué se refiere, porque como viceministerio de Planificación Política nos quedamos en la planificación y la política, pero no he visto esa casualidad. Debe ser una gran casualidad. Quedan igualito, igualito. Pero las casualidades son exactamente casualidades”, reseña.
El CODIA, organismo que aglutina a los profesionales de la construcción en el país, entiende que entiende que el MIVED no debe realizar asfaltado por todos los elementos que rodean la licitación, además de que tampoco cuenta con la estructura y el personal que exigen esos trabajos.
“Porque trabajar calles significa hacer el levantamiento topográfico, significa darle seguimiento con la mecánica de suelo para la base, una serie de infraestructura que solamente la tiene el Ministerio de Obras Públicas”, establece el presidente del CODIA.
MIVED entiende que sí cuentan con la estructura para realizar dicho proceso
“Surgimos con la fusión de instituciones que ya estaban funcionando y tratamos de maximizar los departamentos y las direcciones que ya estaban funcionando, tanto en OISOE como en el INVI. Y dentro de estas estructuras todo el mundo sabe que ahí se desarrollaba todo tipo de estructuras de calles, estructuras viales”.
Son aproximadamente 9 las instituciones del Estado que han sido suprimidas desde el inicio de esta gestión de Gobierno, en un intento por eficientizar y aliviar la carga económica del Estado pero si las instituciones siguen asumiendo responsabilidades de otros organismos, la duplicidad de funciones continuará así como se ha perpetuado en la administración pública las compras públicas como una brecha que puede abrir espacio a irregularidades y actos de corrupción.
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