Este martes el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra una sesión extraordinaria para analizar la situación de los migrantes haitianos en República Dominicana.
Según la Dirección General de Migración dominicana, en el primer semestre del año se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227), y ayer afirmó que, del 1 al 6 de octubre, más de 9.000 personas en situación irregular han sido retenidas y están siendo sometidas a un proceso de verificación para determinar su estatus migratorio y ser repatriadas.
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el año pasado 216.000 haitianos fueron deportados desde Estados vecinos.
Hoy, el primer ministro haitiano, Garry Conille, anunció la creación de un comité interministerial para dar respuesta diplomática y humanitaria a la deportación “forzada y en masa” desde República Dominicana, que constituye “una violación de los principales fundamentales de la dignidad humana».
Según #HaitíHD, “las detenciones colectivas y masivas, sin derecho a la defensa ni una evaluación individual de cada caso, violan los derechos humanos y el ordenamiento legal nacional e internacional”, al igual que los allanamientos sin orden judicial y la actuación de agentes policiales, militares y migratorios sin identificación.
También se refiere a “torturas, asesinatos, violaciones sexuales, robos, extorsiones, y demás crímenes que de manera recurrente perpetran agentes migratorios contra hombres, mujeres e infantes haitianos”, los cuales “se mantienen en la impunidad».
Asegura que la situación se agrava año tras año y amenaza con desbordarse debido a “la cacería humana anunciada por el Gobierno» dominicano, pues se acelerará “la ejecución de todas estas acciones ilegales, especialmente el perfilamiento racial, que es el método empleado por las autoridades para detener a personas haitianas, basándose únicamente en su color de piel y perfil fenotípico».
“Somos una comunidad (…) que aporta significativamente a la economía dominicana (…) Merecemos que nuestra dignidad sea respetada”, añade el colectivo, que pide una gestión migratoria que respete los derechos humanos y que organizaciones defensoras de las libertades fundamentales e instituciones visiten República Dominica para constatar in situ los métodos empleados en redadas y detenciones, así como las condiciones en los centros de detención y destacamentos policiales que “se asemejan a las de un campo de concentración».
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EFE
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