Casi un mes después de vencido el plazo para congresistas realizar sus declaraciones juradas de bienes, tres de 32 senadores, igual al 9.37%, aún no cumplen con este mandato de ley.

Tampoco lo han hecho 10 de 18 exsenadores, que culminaron sus períodos el pasado 16 de agosto.

Los congresistas actuales que aún no declaran lo que tienen y lo que deben, pertenecen al gobernante Partido Revolucionario Moderno. Estos son:

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Carlos Gómez, PRM-Espaillat, quien es el más millonario de todos los congresistas de ambas cámaras legislativas, al juzgar por su declaración de patrimonio del 2020 que superaba los nueve mil millones de pesos.

Bernardo Alemán, PRM-Montecristi, quien regresó como senador luego de ocupar esta posición hace ya varios períodos.

Dagoberto Rodríguez Adames, PRM-Independencia, quien también está de regreso en el Congreso, tras varios períodos fuera.

 LOS EXSENADORES INCUMPLIDORES

Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Público, establece que una vez concluido el mandato de elección corresponde realizar otra declaración sobre el comportamiento de sus bienes durante su período.

En ese sentido, aún no hacen lo propio:

Lenín Valdez, PRM-Monte Plata.

Milcíades Franjul, PRM-Peravia.

Bautista Rojas Gómez, FP-Hermanas Mirabal.

Franklin Peña, FP-San Pedro de Macorís.

Martín Nolasco, PLD-Valverde.

José Antonio Castillo, FP-San José de Ocoa.

LOS ACTUALES SENADORES QUE HICIERON SUS REPORTES

Héctor Acosta-PRM-Monseñor Nouel.

Ginnnette Bournigal, PRM-Puerto Plata.

Ramón Rogelio Genao, PRM-La Vega.

Daniel Rivera, PRM-Santiago.

Pedro Catrain, PRM-Samaná.

Alexis Victoria Yeb, PRM-María Trinidad Sánchez.

Franklin Romero, PRM-Duarte.

Ricardo de los Santos, PRM-Sánchez Ramírez.

María Mercedes Ortiz, PRM-Salcedo.

Antonio Marte, PRM-Santiago Rodríguez

Manuel Rodríguez, PRM-Dajabón.

Odalís Rodríguez, PRM-Valverde.

Eduard Espiritusantos, PRM-La Romana

Santiago Zorrilla, PRM-El Seybo.

Pedro Tineo, PRM-Monte Plata.

Cristóbal Venerado Castillo, PRM-Hato Mayor.

Aracelis Villanueva, PRM-San Pedro de Macorís.

Rafael Barón Duluc, PRM-La Altagracia.

Guillermo Lama, PRM-Bahoruco.

Secundino Velásquez Pimentel, PRM-Pedernales

Julito Furcal, PRM-Peravia.

Gustavo Lara, PRM-San Cristóbal.

Lía Día, PRM-Azua.

Johnson Encarnación, PRM-Elías Piña.

Moisés Ayala, PRM-Barahona.

Félix Bautista, FP-San Juan.

Aneudy Ortiz, PRM-San José de Ocoa.

Omar Fernández, FP-DN.

Antonio Taveras, PRM-Santo Domingo.

EXSENADORES POR LA LEY

Eduardo Estrella, PRM-DxC-Santiago.

Yván Lorenzo, PLD-Elías Piña.

Virgilio Cedano, FP-La Altagracia.

Valentín Medrano, PLD-Independencia.

Dionis Sánchez, FP-Pedernales

Melania Salvador, PRM-Bahoruco,

Iván Silva PRD-La Romana.

Santo Domingo, D.N.- La Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) expresó este lunes su inquietud ante la propuesta de modificar el artículo 50 de la ley número 392-07, sobre Competitividad e Innovación Industrial (Proindustria), contenida en el anteproyecto de reforma de modernización fiscal presentado por el Gobierno.

El presidente de ADOEXPO, Karel Castillo, advirtió que esta modificación representaría un grave retroceso para el sector exportador dominicano, ya que la ley de Proindustria incentiva a las empresas a la inversión, a la innovación y a la generación de mejores empleos.

“Eliminar los incentivos contemplados en el artículo 50 de la ley número 392-07 afectaría la capacidad de las unidades productivas nacionales de competir en el exterior, poniendo en riesgo miles de empleos formales y el crecimiento económico del país”, declaró Castillo.

La ley de Proindustria, ratificada por el presidente Abinader en el 2020, promueve la producción nacional, fortalece las exportaciones de bienes, fomenta la inversión en nuevas tecnologías, investigación y desarrollo, logrando mayor competitividad en la industria local, lo que resulta fundamental para la diversificación del sector exportador”, afirmó Castillo.

El dirigente empresarial manifestó que hacer cambios en tan poco tiempo a esta ley, atenta contra la seguridad jurídica y la estabilidad de nuestro sector”.

ADOEXPO hace un llamado al presidente Luis Abinader Corona para abrir un diálogo con el sector exportador para evitar comprometer la competitividad de las empresas y el bienestar de miles de dominicanos que dependen de ese sector.

En un comunicado de prensa, la asociación destacó que Proindustria no representa un costo para el Estado, promueve la equidad y genera mejores empleos formales.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, presentó su quinto libro titulado “Desde adentro: hacia el país que queremos”, en el que plantea estrategias para seguir construyendo un país con más oportunidades.

En el texto, marcado por un estilo que mezcla las memorias personales y el análisis político, Bisonó se remonta a las circunstancias personales y de compromiso patriótico que le llevaron a acompañar al presidente Luis Abinader en un momento de vertiginosos cambios.

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Asimismo, analiza el sentido del deber en la administración pública, así como su visión de transparencia y modernización al frente del ministerio desde el año 2020, una de las instituciones, por cierto, más complejas y estratégicas de la República Dominicana.

El libro examina aspectos cruciales del ministerio y del país: las zonas francas, el comercio ilícito, los hidrocarburos, el comercio exterior y la frontera. También dedica varios capítulos a discusiones de fondo en el ruedo político como lo son el análisis medular de las políticas públicas y el futuro del país.

Hombre de letras y reflexión

Por su parte, el ministro destacó parte de la motivación para escribir este su quinto libro: “Comencé mi vida política movido por un gran compromiso con el país y con su gente. La escritura ha sido para mí, en las últimas décadas, otra vertiente de esa pasión política, la más ligada a la reflexión, a la propuesta y, ahora, a la rendición de cuenta frente a mis hermanos dominicanos. Este libro es una invitación a pensar y vivir, juntos, un país nacido para grandes proezas”.

Los libros anteriores del ministro son: Las bases de la nación, Visión de nación, Reflexiones para una transformación en la República Dominicana y Mis escritos.

Víctor Ito Bisonó es un destacado líder político dominicano. Entre 2002 y 2022 se desempeñó como legislador del Distrito Nacional. También ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y ha tenido posiciones de gran relevancia en el Poder Ejecutivo, como ha sido en el gabinete del Ministerio de Obras Públicas, la Corporación Dominicana de Electricidad y en el Consejo Promotor de Inversiones Extranjeras. Desde el año 2020 se desempeña como el ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Publicado por: Yari Araujo

Por Salvador Rosario

 El sismo ocurrido este lunes y que se sintió en gran parte del país, provocó que un conductor de un programa televisivo entrara en pánico y abandonara el estudio.

Oscarlin Figueroa, conductor del programa “A las Doce con Oscarlin” estaba en las instalaciones del canal Tv Cotui, canal 31, presentando en vivo su programa, cuando el terremoto sacudió su estudio, provocando que este abandonara el estudio.

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De acuerdo a las autoridades, el temblor fue de 4.7 grados. El epicentro se ubicó a 1 kilómetro, del municipio de Pimentel, provincia Duarte.

El temblor ocurrió a las 12:24 pm, de este lunes, sintiéndose en varias provincias del Cibao Central.

Edesur Dominicana comunicó que un tornado derribó cinco postes del tendido eléctrico y provocó una avería en la línea de 69 kilovatios que suministra el servicio en San Juan, Las Matas de Farfán y Elías Piña.

Esto provocó la interrupción del servicio en estas demarcaciones de la región Suroeste del país, originando que los postes derribados causen un bloqueo en el tránsito.

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En ese sentido, brigadas de Edesur fueron desplegadas para despejar las vías y restablecer el servicio energético, sustituyendo los postes echados al suelo por una columna de aire con alta velocidad.

Publicado por: Yari Araujo

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) informó este lunes sobre el cierre de túneles y paso a desnivel por mantenimiento, programado a partir de las 10:00 de la noche hasta la 5:00 de la mañana.

Entre ellos están el túnel de la Núñez de Cáceres, el paso a desnivel avenida Mirador Sur con avenida Italia (puente seco), paso a desnivel avenida Núñez de Cáceres con avenida Cayetano Germosen (puente seco).

Además, el paso a desnivel avenida Núñez de Cáceres con avenida Independencia (Puente Seco), el paso a desnivel avenida Núñez de Cáceres con George Washington (Puente Seco) y el elevado Autopista Duarte con avenida. Los Beisbolistas (Manoguayabo).

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También el elevado Autopista Duarte con Av. Monumental (Los Girasoles), el paso a desnivel Jacobo Majluta con carretera La Isabela (Puente Seco) y el Puente avenida Jacobo Majluta sobre el Río Isabela.

Santo Domingo. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en segunda lectura, con su informe favorable, las modificaciones a los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274, y la inclusión del artículo 278 a la Carta Magna, así como las disposiciones transitorias incluidas en las modificaciones, que indican que el presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024, nunca más podrá presentarse al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República.

El pleno inició su tercer encuentro pasadas las 3.57 de la tarde con una asistencia de 26 senadores y 164 diputados para un total de 190 asambleístas presentes en los trabajos legislativos, de una matrícula de 222 que conforman la Asamblea Nacional Revisora.

Tras iniciar los trabajos, el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, solicitó dar lectura al informe favorable rendido por las comisiones de Estilo y Verificación sobre las modificaciones que serán realizadas a la Constitución.

En lo adelante, el artículo 209 de la Carta Magna señala que las asambleas electorales funcionaran en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. “Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, parlamentarios de organismos internacionales, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones serán celebradas el tercer domingo del mes de mayo”.

También quedó habilitada la disposición transitoria incluida en las modificaciones a la Constitución que prohíbe al presidente de la República electo el tercer domingo de mayo del 2024, nunca más presentarse al mismo cargo, ni a la vicepresidencia de la República.

En tanto que, el artículo 268 de la Carta Magna, detalla que ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno establecida en el artículo 4 de la Carta Magna, y que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Indica que tampoco podrá versar sobre las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de esta constitución.

La Asamblea Nacional Revisora, aprobó además, la propuesta de modificación del artículo 274 sobre el periodo constitucional de funcionarios electivos. “En lo referente al ejercicio electivo del presidente y el vicepresidente de la República, así como los representantes legislativos, parlamentarios de organismos internacionales, de las autoridades municipales y demás funcionarios electivos, terminan el día 16 de agosto de cada cuatro años, fecha en que se inicia el correspondiente periodo constitucional con las excepciones previstas en la Constitución, señala el nuevo texto.

El párrafo 1 establece que, cuando un funcionario electivo cese en el cargo por muerte, renuncia, inhabilitación u otra causa, quien lo sustituya permanecerá en el ejercicio del cargo hasta completar el periodo constitucional.

El párrafo II establece que, en caso de vacío en la línea sucesoral de la línea municipal se establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes.

También, fue aprobada la medida transitoria presentada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional Revisora, Alfredo Pacheco, indicando que, las autoridades municipales electas el tercer domingo de febrero del 2028, tendrán un periodo que iniciará el 24 de abril y concluirá el 16 de agosto del 2032.

El artículo 278, señala los ejercicios electivos y reformas constitucionales. “Ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato, cuando esta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia del cargo que ocupa”.

Otros artículos que fueron modificados son el 169 y el 171. El primero versa sobre que, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.

En tanto que, el artículo 171, indica que el presidente de la República al inicio de su mandato propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designada Procurador General de la República y siete para que sean designados como Procuradores Adjuntos, de conformidad con la ley.

La Asamblea aprobó una modificación al artículo 171, sometida por el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, que otorga un plazo de cien días al presidente de la República, luego de su juramentación, para proponer al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para ser designada Procurador General de la República y aquellas que representen la mitad de los Procuradores Adjuntos, de conformidad con lo establecido en la ley.

Además, fue aprobado con modificaciones el artículo 179 que agrega a las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura designar al Procurador General de la República y los siete procuradores adjuntos.

Durante la jornada de este lunes, los asambleístas sancionaron positivamente, el artículo 81 con modificaciones. El mismo indica que, la Cámara de Diputados quedará compuesta por 170 diputados, de los cuales, 158 serán elegidos por circunscripción territorial, mientras que, cinco serán elegidos por acumulación de votos y siete diputados por representación de la comunidad dominicana en el exterior.

También, fueron aprobados los artículos 166, 167 con modificaciones. El artículo 166 versa sobre que el Abogado General de la Administración Pública es el representante permanente de la Administración Pública ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La ley establecerá los requisitos que debe cumplir y regulará la representación de los demás órganos y organismos del Estado ante la misma jurisdicción; en tanto que, el 167 establece que la Oficina del Abogado General de la Administración Pública, es una dependencia del Poder Ejecutivo, organizada de conformidad con la ley.

En tanto que, el artículo 178, se refiere a la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual señala que el mismo será presidido por el presidente de la República; el presidente del Senado de la República; un senador o senadora escogido por el Senado de la República que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría.

Además, el presidente de la Cámara de Diputados; Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados, que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría; el presidente de la Suprema Corte de Justicia; un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por su Pleno, quien fungirá de secretario y el presidente del Tribunal Constitucional.

Luego de un receso para que las comisiones de Verificación y Auditoria compruebe la fidelidad del texto modificado en la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Ricardo de los Santos, retomó los trabajos de la Asamblea e invito a los asambleísta a pasar por la Biblioteca Juan Pablo Duarte del Senado, para firmar el nuevo texto constitucional, a partir del miércoles próximo.

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) se integra como miembro oficial de la acreditada Academia de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) de las Naciones Unidas.

El rector nacional de UFHEC, Alberto Ramírez, indicó que la casa de altos estudios está comprometida en continuar optimizando y aportando en la elaboración de estándares para las tecnologías de la información y comunicaciones.

“UFHEC es la segunda academia dominicana que forma parte de los miembros de la ITU, y desde esa posición estaremos aportando en la formulación de políticas públicas, definición de objetivos y prioridades, implementación de mejores prácticas, medición y mejoramiento del rendimiento, entre otros factores que impactan en las tecnologías de la información y comunicaciones”, expresó Ramírez.

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El vicerrector de Ciencia, Tecnología e Innovación de UFHEC, Dr. Darwin Muñoz, explicó que UFHEC trabajará en la elaboración de normas internacionales de tecnologías de investigación y patentes, así como en el desarrollo de prácticas óptimas en los entornos reglamentarios y de políticas.

“De igual manera, la universidad asumirá la responsabilidad de involucrarse en proyectos de investigación y presentar las perspectivas del país y la región en las normas internacionales”, expresó.

Muñoz agregó que, con esta integración, la UFHEC formará parte de comisiones de estudios, grupos regionales y temáticos, que tienen como propósito garantizar que las recomendaciones del ITU-T respondan a las necesidades de todas las regiones del mundo, a la vez que se crean requisitos previos a la estandarización.

El Gobierno afirmó este lunes que trasladará el Palacio de la Policía Nacional a un lugar adecuado a sus funciones y que tiene en proyecto destinar más de 14,000 millones de pesos para continuar con la reforma y modernización de ese organismo.

Indicó que durante el presente cuatrienio formará a unos 20,000 policías más, para duplicar el número de agentes de ese cuerpo, además de que graduará a los primeros 1,027 individuos bajo el programa de la reforma policial que inició hace tres años.

En diciembre venidero se sumarán otros 3,105 agentes y se ha establecido la prioridad de adquirir drones, vehículos de criminalística móvil, destacamentos móviles y radares para el control del tránsito con el fin de aumentar la movilidad del patrullaje.

Abinader, el comisionado para la reforma policial, el general colombiano Luis García Hernández, y la coordinadora de la reforma policial, la historiadora y politóloga Mu-Kien Adriana Sang Ben, ofrecieron datos sobre el proceso de modernización de ese cuerpo del orden, durante el encuentro del gobernante con los medios en el Palacio Nacional.

Durante el encuentro, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reveló que el Gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar la Ley de Tránsito ya que, aseguró, la actual legislación permite que periman las multas por infracciones y así, acotó, hay personas que continúan en las calles con hasta 600 multas.

Se destacó la construcción del nuevo edificio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), así como el remozamiento de la escuela de Hatillo con capacidad para 980 mujeres, la realización de cursos complementarios en 12 universidades del país -para los policías de la vieja escuela- y el entrenamiento policial en Gaspar Hernández, donde hay capacidad para 4,000 estudiantes por año.

En esta segunda ola de transformación policial, el mandatario explicó que continúa la modernización de las estructuras educativa y de desarrollo humano, operativa y la administrativa y financiera de la Policía, además de que se creó una mesa asesora de expertos con la participación de la sociedad civil.

Durante el encuentro se reveló el nuevo diseño de uniformes que utilizarán los agentes policiales graduados como tales.

La nueva indumentaria, aún en proceso de prueba, incorporará cámaras corporales, un código QR, cinturón que incluye el porte de gas pimienta, una pistola eléctrica, arma de fuego, macana y se cambia el lema de la Policía de “Ley y Orden” por el de “Proteger y Servir”.

Varios expertos ambientalistas aseguraron que para la realización de cualquier proyecto minero en República Dominicana, como el caso de la grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, se requiere del permiso social ambiental, que es el que otorga la comunidad y que está contemplado en la ley.

Así coinciden Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora en término de industria extractiva.

Carvajal, quien además es miembro de la Academia de Ciencias, consideró que en el proyecto que se está planteando en El Cachón todavía no hay un permiso y que cualquier tipo de extracción que haya es irregular y constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades.

Apetito del gobierno y el incumplimiento de la ley

Al respecto, Fernando Peña manifestó que lo que está pasando en El Cachón es una muestra de lo que pasa en ciertas áreas del país con el tema minero.

“El gran problema que está planteado es la irracionalidad con que el Gobierno aborda el tema de la industria minera y de todas las industrias extractivas, la minería no metálica y la metálica”, destacó.

Dijo que en esos proyectos mineros no se hacen consultas como lo estipula la ley y que las simulan y ponen a los propios beneficiarios de las iniciativas mineras a hacer las consultas y las validan.

Se necesita escuchar al pueblo

En tanto que Maritza Ruiz lamentó que las autoridades no escuchen a las comunidades y que no desempeñen su rol de supervisión.

“Penosamente no se escuchan las voces del pueblo, si tú vas a El Cachón y haces una consulta a todas las comunidades te van a decir cuál es su sentir. La supervisión del Gobierno es lo que digan las mineras, porque lo que se privilegia y a lo que se le da importancia es que paguen y eso ayude a financiar un presupuesto público”, consideró la experta.

Autoridades deben consultar las comunidades

Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, dijo que los reglamentos de evaluación ambiental establecen dos momentos de contacto con la población, uno en la fase inicial del proyecto en la cual las empresas están obligadas a presentar a la comunidad el proyecto con los pros y los contras.

Sostuvo que el otro momento es cuando se hace el estudio de impacto ambiental y se debe presentar en una consulta pública a la comunidad que puede aprobarlo o rechazarlo.

“Si la comunidad no aprueban un proyecto no es posible desarrollarlo, el permiso social forma parte del permiso estructural de los proyectos, por eso una de las cosas que han tratado de romper las empresas que más contaminan y que resulta incómodo al Estado es ese permiso social, hay varia gente que lo han querido sacar de la ley, y ha habido resoluciones para tratar de quitarle peso, pero esas consultas sociales son obligatorias y están normadas”, manifestó.

Expertos recomiendan cumplir rol y escuchar la comunidad

Los tres expertos en temas de medio ambiente hicieron un llamado a las autoridades a cumplir con su rol de supervisor de las empresas mineras y hacer cumplir lo que establecen las leyes nacionales, principalmente respecto a la obligatoriedad de consulta social al pueblo antes de iniciar cualquier proyecto.

Pidieron a las autoridades estar vigilantes para que las consultas mineras en las distintas comunidades se realicen cumpliendo todos los requisitos, que se ofrezcan las informaciones veraces a la sociedad y que se escuche a los comunitarios.

Publicado por: Yari Araujo