La audiencia donde se conoce la solicitud de medidas de coerción a los implicados en el caso Camaleón entró en un receso para que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional decida el pedido de la defensa del imputado Carlos José Peguero de aplazar el conocimiento para la próxima semana, debido a que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron depositadas en un dispositivo USB que imposibilita su acceso y a juicio de ellos no garantiza la defensa.
Los detalles fueron ofrecidos por los abogados Máximo Miñoso y Ricardo Alcántara.
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Los imputados en este expediente son: Hugo Beras, ex director ejecutivo del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez (Jochi), Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero. También las empresas Transcore Lata, S.R.L.; Aurix SAS e INSOPROL SRL.
Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas típicas a lo establecido en los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de activos y financiamiento del terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
Publicado por: Israel Figueroa
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