La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), realizó el relanzamiento del Programa Universitario, mediante el cual, 93 internos iniciarán carreras universitarias.
De estos, 52 cursarán estudios en administración de empresas y 41 en mercadotecnia.
Con este nuevo número de privados de libertad se incrementa la matrícula de estos en educación superior de 499 a 592.
Esta capacitación se realiza de manera simultánea en varios centros del interior del país.
Estos programas universitarios se realizan mediante acuerdos rubricados entre la Procuraduría General de la República, la Fundación Mujeres por la Educación y la Universidad de la Tercera Edad (UTE).
También te puede interesar leer:
La muerte persigue a internos en cárceles del Viejo y Nuevo Modelo Penitenciario
Esta actividad se desarrollará mediante transmisión virtual en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, dónde también participarán siete personas privadas de libertad del CCR San Cristóbal, y en Rafey- Hombres, donde participarán ocho internos del CCR La Isleta, en Moca.
El director general de la DGSPC, coronel Roberto Hernández Basilio, dijo que cada año son más los internos en conflicto con la ley penal, que se integran a la realización de estudios de nivel superior en los diferentes centros del país, donde se imparten carreras universitarias.
Manifestó que, a través de estos estudios superiores, con la colaboración de las universidades, son muchas las vidas impactadas de manera positiva.
Hernández Basilio calificó como positivo para el sistema penitenciario que al día de hoy se cuenta con una matrícula de más de 500 egresados de carreras universitarias como derecho, psicología, educación y resaltó “que hablar de educación superior dentro de un centro era una quimera y hoy es una realidad palpable, ya que se cuenta con estadísticas para verificar el mismo”.
MÁS DEL PROGRAMAS
El programa universitario en los Centros de Corrección y Rehabilitación inició en septiembre del año 2000, a raíz de una idea de la Fundación Mujeres por la Educación, que dirige Peggy Cabral viuda Peña Gómez.
Para dar carácter institucional a esta idea se firmó un acuerdo con la Procuraduría General de la República, donde, hoy, 24 años después, este programa tiene presencia en 22 centros de privación de libertad, lo que se traduce en 489 aulas donde se cursan diferentes carreras que sobrepasan los 550 estudiantes.
Dentro de las bondades del programa se encuentra la exoneración de inscripción a los internos, que cubre el cincuenta por ciento de la matrícula, la otra parte lo cubre la Fundación.
Se destaca que más de mil privados de Libertad han sido favorecidos con este programa y cientos de familias han cambiado su vida a través de las puertas de la educación superior que se brinda en los centros.
La actividad de relanzamiento del Programa de Educación Superior se desarrolló de manera simultánea con el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, y la misma contó con la presencia de Pura Casilla, gobernadora de San Cristóbal; Victoria Jerez, vicerectora de la Universidad de la Tercera Edad (UTE); Peggy Cabral viuda Peña Gómez, presidenta de la Fundación Mujeres por la Educación, y la magistrada Molan Herasme, jueza de Ejecución de la Pena de San Cristóbal.
N DIGITAL
About Author
