A semanas de cumplirse la mitad de su mandato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, obtuvo uno de sus mayores triunfos desde que llegó a la presidencia en agosto de 2022.
Su proyecto de ley para reformar las pensiones, uno de los grandes programas de su ambiciosa campaña, fue aprobado por el Congreso colombiano el pasado 14 de junio.
«Esta es la principal conquista social del pueblo trabajador de Colombia en mucho tiempo. Es la primera gran reforma aprobada del gobierno del cambio«, celebró Petro en la red social X.
La aprobación del proyecto supone un respiro para el presidente colombiano, quien llegará a la mitad de su mandato con dudas sobre su liderazgo (anunció que hará cambios en su gabinete por tercera vez desde que es presidente), importantes derrotas legislativas como el hundimiento de su reforma de la salud en el Senado y con el desafío de conseguir «la paz total» que promete para Colombia todavía lejos de materializarse.
A grandes rasgos, la reforma pensional amplía la cobertura y modifica la distribución de recursos al pasar gran parte a un fondo público y quitarle peso a los fondos privados.
«El vigente sistema había que cambiarlo. Era regresivo e injusto», le dice a BBC Mundo Sergio Urzúa, profesor en economía de la Universidad de Maryland en Estados Unidos.
El nuevo sistema, que funcionará a partir de cuatro pilares de contribución, también protegerá a adultos mayores en situación de pobreza, con el gobierno calculando que alrededor de 2,6 millones de adultos mayores colombianos se verán beneficiados a través de una renta solidaria.
Si bien muchos valoran el proyecto como una mejora del sistema actual, expertos consultados por BBC Mundo ponen en duda su sostenibilidad financiera a largo plazo y piden otros cambios estructurales complementarios.
Entonces, ¿en qué consiste la reforma y cómo se asemeja a la de otros países de la región?
Un avance para los más vulnerables
Viajemos a una zona rural colombiana.
Imaginemos que nos encontramos con un trabajador agrícola. Este señor está a pocos meses de cumplir 62 años, la edad de jubilación de hombres en Colombia, pero no recibirá pensión porque jamás cotizó.
Trabajó desde los 18 años, pero como les pasa a muchos trabajadores del campo, la informalidad, la inestabilidad de ingresos y otros factores le impidieron ahorrar para la vejez.
Su situación es vulnerable. Tiene problemas de salud y será difícil que pueda seguir trabajando mucho tiempo. El riesgo de caer en pobreza extrema es alto.
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Para su fortuna, esta situación está a punto de cambiar. Cuando cumpla 65 años, recibirá un monto mensual de 232.000 pesos (US$57).
Muchos trabajadores rurales se encuentran entre los millones de adultos mayores en situación vulnerable que serán beneficiados de la reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Petro.
En concreto, estos se beneficiarán del pilar solidario de la reforma que, junto a otro pilar llamado semicontributivo, busca ampliar la cobertura de las jubilaciones y proteger a aquellos que nunca cotizaron o no cumplen los requisitos para acceder a la pensión.
Lo cual, según expertos, supone un avance y una mejora en la calidad de vida de los más vulnerables del país.
Un sistema de 4 pilares
El nuevo sistema, que se haría efectivo a partir del 1 de julio de 2025, se basa en cuatro pilares: el contributivo, el semicontributivo, el de ahorro voluntario y el solidario.
Estos aplicarían según el nivel socioeconómico individual:
- Contributivo: para trabajadores dependientes e independientes, servidores públicos y personas con capacidad de pago para cotizar y acceder a pensión.
- Semicontributivo: para personas afiliadas al sistema que a los 65 años de edad no hayan cumplido con requisitos para acceder a pensión.
- Ahorro voluntario: para las personas que realicen ahorros voluntarios además del obligatorio.
- Solidario: para personas en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad.
La idea es fortalecer el rol de la administradora estatal Colpensiones, reducir los subsidios a las altas jubilaciones y ampliar la cobertura del sistema actual.
«Ahora mismo conviven un sistema de reparto público y otro privado que compiten entre sí», le explica a BBC Mundo Mauricio Olivera, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes.
Este modelo se denomina comúnmente como sistema paralelo, vigente en Colombia desde 1993 y donde las personas pueden contribuir al sistema de reparto, el público, o al de aporte individual que administran fondos privados.
«El problema es que en nuestro sistema de reparto lo ahorrado no alcanza para pagar pensiones y se da un subsidio, pero este es más alto mientras más alto es el aporte. O sea, mientras más oportunidades laborales tiene la persona», continúa Olivera, quien también fue presidente de Colpensiones y viceministro de empleo y pensiones en el gobierno colombiano.
Olivera, al igual que un número destacado de expertos, coinciden en que este sistema «es regresivo» y necesitaba un cambio.
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«Una política pública debería concentrarse en los más vulnerables y no en los menos vulnerables. Al movernos a este sistema de pilares se reduciría esa regresividad», señala Olivera.
El nuevo proyecto obliga a todos los colombianos que ganan hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, unos 2,9 millones de pesos (US$743), a hacer sus aportes de pensión a la estatal Colpensiones.
Quien gane más de esa cifra puede seleccionar un fondo privado para el ahorro individual de los excedentes.
Los recursos serán administrados por el Banco Central de la República.
La reforma mantuvo en 62 años la edad de pensión para los hombres con 1.300 semanas de aportes y en 57 años para las mujeres, aunque a ellas les redujo a 1.000 las semanas exigidas.
Adicionalmente, las mujeres podrán reducir gradualmente en 50 semanas el tiempo exigido para la jubilación por cada hijo, con un máximo de tres, con lo que el requisito quedaría en 850 semanas.
La reforma establece que los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 se les continuará aplicando la norma actual. Es decir, que no estarán obligadas a aportar al fondo estatal una parte de sus ingresos en el caso de que estén en uno privado.
¿Es sostenible el nuevo sistema?
Expertos y críticos han arrojado dudas sobre la sostenibilidad del nuevo sistema y los perjuicios que este tendría para el mercado de capitales y las finanzas públicas.
«Tengo la impresión de que funcionará como un bálsamo, un parche, en los primeros años. Pero este sistema obligará a cambios continuos para hacerlo mejor«, le dice a BBC Mundo Urzúa, el economista de la Universidad de Maryland.
Colombia, al igual que muchos países en el mundo, enfrenta una caída de la natalidad y un envejecimiento poblacional preocupantes.
Esto, en clave pensiones, implica que «habrá menos gente trabajando y pagando las jubilaciones de un grupo poblacional envejecido que seguirá creciendo», dice Urzúa.
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«Tarde o temprano los números no van a dar si no se producen más cambios. El álgebra no miente y habrá que buscar otros mecanismos para financiar la solidaridad», añade.
Olivera, basándose en cálculos del Ministerio de Hacienda, dice que Colombia tendría un margen de unos 40 años para pensar en otros cambios complementarios, «como una reforma laboral bien hecha».
«Hay varios parámetros clave que no se van a tocar en esta reforma. Algunos son muy difíciles a nivel político, pero en algún momento tocará hacerlos», analiza Olivera.
«Nosotros cotizamos alrededor del 16% cuando en la mayoría de países se cotiza por encima del 25%. Las mujeres se pensionan con 57 años y los hombres con 62, de las edades más bajas de jubilación en la región», añade.
Para Urzúa, son cuestiones importantes que, en su opinión, no se discutieron lo suficiente con esta reforma de Petro y que a largo plazo pueden evidenciar las deficiencias del nuevo sistema.
¿Qué sucede en el resto de América Latina?
En general, en la región hay dos grandes sistemas: público (con financiamiento estatal) y privado (con financiamiento individual).
Hay una tendencia creciente de sistemas mixtos (que financian las jubilaciones con fondos del Estado y aportes individuales) con pilares contributivos y solidarios.
También existen sistemas paralelos, en los que la gente se jubila con fondos públicos o con fondos personales, y modelos integrados, que agrega pensiones mínimas al sistema de ahorro individual.
Desde los 80, una decena de países de la región incorporaron elementos de «privatización» en sus sistemas de pensiones.
Pero en los últimos años las cosas comenzaron a cambiar y, al igual que en Colombia, se debatieron e introdujeron mecanismos solidarios para apoyar a los mayores de 65 años y otras poblaciones vulnerables, incluso en aquellos países con sistemas privados o integrados.
En Colombia, en este caso, se pasaría de un sistema paralelo, como el que prevalece también en Perú, a uno mixto.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dice que pasar a un sistema mixto es cada vez más frecuente en la región, además del «papel creciente del Estado» en las reformas o «re-reformas» de las pensiones.
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Uruguay, Costa Rica o México, con sus particularidades, son ejemplos de países con sistemas mixtos.
«Incluso en Chile, donde primaba un sistema privado, también se constituyó un pilar solidario que ha ido creciendo con el tiempo», dice Urzúa.
Argentina sería el ejemplo más claro donde prima un único sistema de repartos público y República Dominicana el único ejemplo regional «con un modelo puro substitutivo», según la Cepal.
A nivel de desafíos, Colombia enfrenta los mismos que América Latina y el resto del mundo: asegurar la sostenibilidad del sistema en un panorama general de baja natalidad y rápido envejecimiento.
Más allá del modelo, Olivera considera «que el sistema pensional es muy deficiente en gran parte de América Latina».
«La reforma actual no resuelve que Colombia gasta muy poco en pensiones, solo un 4,5% del PIB. En Uruguay, un país visto como modelo por su poca desigualdad, se gasta alrededor del 9%», dice el experto.
«La sociedad colombiana tendrá conversaciones difíciles sobre cómo aumentar el gasto y a la vez asegurar su sostenibilidad», añade.
BBC Mundo
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